Histórias da realidade improvável - 37

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Grupos de civis armados, Bucareste, 1989

Miles de rumanos disfrutan de subsidios y prebendas con «carnés revolucionarios» comprados a grupos mafiosos. Así pueden jubilarse conco años antes, tenner medicinas gratis y estar exentos de impuestos.

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JUAN JESÚS AZNÁREZ 22/01/2012

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El País

Durante las sublevaciones de 1989 contra la dictadura de Nicolae Ceaucescu, en Rumania murieron cerca de mil personas. Sus familias disfrutan de descuentos, subvenciones y beneficios vitalicios gracias a la ley aprobada en 2004 para rendir homenaje a los compatriotas que se jugaron la vida o la perdieron combatiendo contra el régimen comunista. Pero el reconocimiento a las víctimas de la represión, establecido en la Ley de Agradecimiento, se ha transformado en ira y resentimiento nacional al revelarse que más de 20.000 obtuvieron el carné de revolucionario y sus pingües privilegios gracias a una mafia que se lucra con la expedición de ese documento acreditativo. Rumanos que contaban con dos o tres años de edad cuando se produjo el alzamiento antigubernamental, aparecen ahora en las listas de revolucionarios pensionados.

Incluso expresos por delitos comunes se han convertido en "luchadores por la democracia"

"Hubo muchos comunistas que se beneficiaron de los cruentos sucesos del 16 de diciembre de 1989", señala Cristina Dobreanu, diplomada en Relaciones Internacionales por la Universidad de Bucarest. Era una niña cuando milicianos identificados como pertenecientes a los cuerpos de seguridad del régimen de Ceaucescu y francotiradores apostados en edificios reprimieron a tiros una manifestación frente a la casa del sacerdote Laszlo Tökes, en la ciudad de Timisoara. Aquel día murieron 70 personas y poco después cayeron varios cientos más en los disturbios de la capital. "Pero la mayoría de los colaboradores de la Securitate (la policía política de Ceaucescu) siguen encubiertos", asegura Dobreanu. Se estima que hasta 700.00 rumanos, de un total de 23 millones de habitantes, colaboraron de una forma u otra con la temible policía secreta de la dictadura.
Amagando con publicar informes confidenciales susceptibles de destruir la carrera política de los nuevos dirigentes rumanos, antiguos mandos de esa policía no tardaron en acomodarse a la democracia en puestos con acceso al poder económico y político. Los tribunales de justicia todavía tramitan cientos de casos abiertos contra miembros de la Securitate infiltrados en las instituciones del Estado. Al mismo tiempo, ex policías y colaboradores, delincuentes comunes que cumplían prisión el año en que se produjo la sublevación, funcionarios que en lugar de luchar contra el dictador le sirvieron y ciudadanos que miraron hacia otro lado mientras el Ejército reprimía a sangre y fuego, figuran en la lista de mártires de la libertad. Radu Filipescu, que fue revolucionario de verdad y sufrió prisión, encabeza la campaña que exige acabar con los privilegios.
Obligado a los recortes presupuestarios por su condición de miembro de la Unión Europea, Rumanía afronta desde hace meses el reto de reducir o incluso eliminar los subsidios a los revolucionarios, cuyo monto supone cerca de 100 millones de euros anuales, a cargo del erario público. El Gobierno pretende asimismo prohibir las nuevas afiliaciones, y desmantelar un sindicato de estafadores con complicidades en la Administración y una influencia política nada desdeñable. En diciembre pasado, coincidiendo con el 22º aniversario de la revolución anticomunista, cientos de miembros de las asociaciones de veteranos se manifestaron frente a la sede del Gobierno en protesta por los recortes previstos por el Ejecutivo.
Para la mayoría de los rumanos solo existen tres categorías de revolucionarios auténticos: los muertos, los heridos y los revolucionarios sin carné. "Un día me encontré a un compañero de la escuela de mi edad viajando gratis en el tren con el carné de revolucionario", recuerda Sorin Pavel, de 26 años, residente en España. La estafa a la memoria de los verdaderos luchadores ocurre en un país con graves injusticias sociales, con enormes diferencias en la cuantía de las pensiones que se abonan (algunas hasta de 5.000 euros mensuales) y "en el que todos los papeles se pueden comprar, incluso el título de héroe", afirma el periodista Cristian Guinea. "La industria de los falsos revolucionarios ha sido floreciente. La llave la tenían personajes que sabían cómo manipular archivos y listas para conseguir, por ejemplo, que presos por delitos comunes se convirtieran en luchadores por la democracia".
Los beneficios disfrutados por los poseedores del apetecible carné incluyen la propiedad de una vivienda en condiciones ventajosas, con una superficie de hasta 500 metros cuadrados en zona urbana, y 10.000 metros cuadrados si se trata de terreno rural, que pueden vender al cabo de diez años. Se les favorece también con el acceso a la jubilación cinco años antes que el resto de sus compatriotas, la obtención gratuita de medicinas, uso del transporte público sin coste alguno, y exenciones de impuestos, entre otras prebendas. El diario Acum acusó a los presidentes de las asociaciones de revolucionarios de valerse del soborno para lucrarse con la expedición de carnés.
Pero quienes se consideran auténticos revolucionarios no están dispuestos a la renuncia de los privilegios disfrutados hasta ahora, y 34 de ellos llevaron a cabo una huelga de hambre que se prolongó durante varias semanas, en exigencia de que no paguen justos por pecadores. "Nuestro problema es que el presidente Basescu (Traian Basescu) condenó el comunismo solo de boquilla, mientras nosotros los revolucionarios estamos siendo castigados por el Gobierno", declaró a la prensa uno de los huelguistas. "Y por si fuera poco, antiguos dirigentes del Partido Comunista rumano y gente que cometió crímenes durante la revolución han sido premiados con cuantiosas pensiones y salarios".
Ion Illescu, presidente de Rumanía desde 1990 hasta 1996, que fue miembro del Partido Comunista y conservó un escaño en el Senado hasta el 2008, es el blanco de las acusaciones de la prensa y del activismo anticomunista. Según sus críticos, el Gobierno de Illescu facilitó certificados de revolucionarios a buen número de cómplices de la dictadura, principalmente colaboradores de la policía política.